Neutralidad de la red: lo que peligra es la democracia

Neutralidad de la red: lo que peligra es la democracia

Bajo el lema Salvemos Internet, una coalición de organizaciones y personas se han pronunciado en contra del Anteproyecto de lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet, elaborado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), argumentando que pone en peligro la neutralidad de internet y con ello, atenta contra los derechos humanos y la libertad de expresión.

Básicamente, Salvemos Internet asegura que de ser aprobados los lineamientos propuestos, los proveedores de internet (llámese Telmex, Izzy, Total Play, etc.), podrán comportarte como “cadeneros” de antro, ya que se les faculta para decidir qué contenidos circulan y cuáles no, a su gusto.

Además de no estar de acuerdo con semejante simplificación—pensada para hacer accesible al gran público un tema sumamente técnico—considero que el riesgo no es ese. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es sumamente estricta con los proveedores de internet y garantiza la protección a la neutralidad de la red. No es de ahora. Lo que es nuevo es el proyecto de lineamientos, que estaba pendiente desde ese año.

Considero que no es de los proveedores de internet de quien debemos temer censura o restricción, es del gobierno. El anteproyecto presentado por el IFT lo muestra con toda claridad. Lo que peligra es la democracia. El peligro es que el gobierno concentre aún más poder del que tiene, ya que en dicho documento se arroga el derecho de gestionar o limitar el tráfico de internet en caso de “emergencia o seguridad nacional”.

Además, afirmo que la petición Salvemos Internet está sesgada, muestra falta de sustento técnico—deliberado o por desconocimiento—y pone el énfasis donde no hace falta y lo quita donde es necesario.

La petición de Salvemos Internet

En la página web www.salvemosinternet.mx, el colectivo, conformado por organismos como Ecoosfera, Artículo 19 y Access Now, entre muchas otras, se llama al público en general a firmar una petición en la que se desglosan los puntos más “preocupantes” de la iniciativa y se pide al organismo autónomo que apruebe “unos lineamientos que respeten la neutralidad de la red y los derechos humanos” en lugar de los que propone.

Los puntos que señala la coalición son: riesgo de censura, priorización pagada, desprotección del derecho a la privacidad, insuficiente transparencia y monitoreo de cumplimiento.

Dicha petición adolece de desconocimiento técnico y es reduccionista. Por razones de espacio, no puedo desglosar punto por punto, haciendo un comparativo técnico. Debido a ello, me limitaré a ahondar en el tema del riesgo de censura y muy brevemente, de la “desprotección del derecho a la privacidad”.

Sobre este último punto, Salvemos Internet critica que los lineamientos no incluyan “protecciones explícitas frente a las técnicas de gestión de tráfico que atentan gravemente contra la privacidad de los usuarios, como las técnicas de ‘inspección profunda de paquetes”. Aquí, la coalición omite decir que en el artículo 4, Fracción III, el Anteproyecto señala textualmente que “las políticas de gestión de tráfico y administración de red, que en su caso, implementen los PSI, deberán asegurar… la inviolabilidad de las comunicaciones privadas de los usuarios finales”.

Si lo que la coalición espera es menciones explícitas a técnicas concretas, es que no tiene clara la naturaleza de un documento que con toda claridad señala que marca lineamientos, que no normativas. Dichos lineamientos serán guía para aterrizar casos concretos. Es decir, prohibir explícitamente todas las técnicas particulares posibles no es materia de un documento así. Y la velocidad con la que avanza la tecnología lo hace imposible.

Como este ejemplo, hay varios. Lo cual me da la impresión de que la coalición actúa guiada por la alarma y el desconocimiento, en el mejor de los casos. Aunque también es perfectamente posible que busque sacar raja política de la coyuntura.

No es aceptable, sea el motivo que sea, lanzar una alerta de esta naturaleza sin contar con un análisis correcto.

Lo peor: deja de lado el peligro real. Que el gobierno actual se arrogue derechos sobre la red que ningún país democrático tiene.

Dos conceptos básicos para entender el tema

La neutralidad de la red, tal como lo define el propio IFT, basado en diversos especialistas, es la premisa de que “una red de información pública debe tratar todos los contenidos, sitios y plataformas de manera equivalente” [1]. También la define como “el principio consistente en que todas las comunicaciones electrónicas que transitan por una red deben ser tratadas de la misma manera con independencia de su contenido, servicio, aplicación, origen o destino”[2].

Lo anterior significa que no debe haber contenidos que gocen de más velocidad o mejor ancho de banda (o cualquier otra ventaja) que otros. Que todos los contenidos, sin importar si provienen de la empresa más poderosa o el bloguero más desconocido, deben poder visualizarse a la misma velocidad y con la misma calidad.

Este es un principio internacional al que se han sumado numerosos países. En la actualidad, los proveedores de internet respetan hasta cierto punto la neutralidad de la red, al no castigar los contenidos de sus competidores. Sin embargo, van en contra de ella al favorecer el acceso a algunas plataformas.

Ejemplo: si Telmex, que gestiona Claro Video, entorpeciera a su clientes el acceso a Netflix, una plataforma competidora de streaming, estaría violando la neutralidad de la red. No lo hace, lo cual es correcto. Sin embargo, mediante su filial Telcel, ofrece paquetes de datos para celular en los que se da acceso gratuito a Facebook y Whatsapp. De esta manera, dichas plataformas cuentan con una ventaja sobre LinkedIn y HangOuts, por ejemplo, puesto que las personas preferirán acceder a las plataformas “gratuitas” para hacer rendir sus datos.

En la LFTyR se obliga a los proveedores a respetar la neutralidad de la red, pero al no existir lineamientos claros, hay vacíos legales que resultan, en los hechos, en faltas a la misma.

El otro concepto esencial en este tema es el de la gestión de tráfico. La gestión de tráfico se refiere a las medidas técnicas que un proveedor de internet toma cuando la red se satura para dar salida al congestionamiento. Puede optar por reducir la velocidad de un contenido, su calidad, o ambas. También puede optar por priorizar unos contenidos sobre otros. También se puede optar por bloquear algún contenido. Técnicamente, todo eso es posible. De ahí la necesidad de una regulación muy clara.

Todos hemos experimentado momentos en que internet “está lento”. Ocurre en fechas como Navidad o 14 de febrero, en que la gente manda muchos más mensajes de lo habitual. O cuando hay elecciones y el consumo de noticias se incrementa exponencialmente. Cuando hay un estreno muy esperado y la gente se vuelca a las plataformas de streaming y de noticias para saber más.

Es cierto que esto ocurre mucho menos que hace algunos años, ya que la tecnología ha mejorado, pero según el IFT se espera que las congestiones de tráfico en la red se conviertan en un problema para México en un futuro próximo, ya que la infraestructura existente no corresponde con el crecimiento que tendrá la cantidad de internautas en el país. Es decir, que muy pronto—si no se impulsa la inversión en infraestructura—las instalaciones que hay no alcanzarán para tanta gente.

El Anteproyecto de lineamientos

Desde diciembre de 2019 el IFT llamó a consulta pública para recoger comentarios en torno al mencionado documento, que es una “propuesta de nuevas regulaciones” realizada con base en diversos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR). Dicho Anteproyecto tiene el objetivo, dice, de que el usuario final “tenga conocimiento de la manera en que se gestiona su tráfico en la red”.

Es decir, que el tráfico se gestiona, se modera o se interviene en él es un hecho. No hay de otra. Pero tiene que haber parámetros.

Recordemos que esta consulta se lanzó a cinco años de promulgada la LFTyR, luego de numerosos llamados por parte de activistas, ya que desde que entró en vigor la ley a la fecha, se carece de lineamientos para guiar la aplicación de la ley en lo que se refiere al derecho a un internet neutral.

Es decir, durante todo el sexenio en Enrique Peña Nieto, el IFT omitió cumplir esta obligación y es hasta la actual administración que finalmente, se lanza la consulta pública al respecto. La finalidad es definir, no las normas concretas, insisto sino la política que habrá de adoptar el instituto para garantizar la neutralidad de la red.

Luego de analizar la información técnica disponible, considero que los lineamientos no dan a los proveedores la libertad de decidir libremente sobre el tráfico en la red. Son tan restrictivos como la propia LFTyR y lo que se hace es presentar, en términos muy amplios, las situaciones generales en las cuales será posible.

Los proveedores siguen tan vigilados como siempre, pero, oh sorpresa, el Anteproyecto faculta al gobierno federal a interferir en la red argumentando motivos de “seguridad nacional”. Si bien Salvemos Internet alerta de un riesgo de “censura”, no hace suficiente énfasis en que se trata de un intento más del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de avanzar hacia la tiranía.

La Fracción V del Artículo 5 del anteproyecto establece que los proveedores de internet podrán implementar políticas de gestión de tráfico en casos de “emergencia o de seguridad nacional previstas en la ley”. Ello, se infiere, bajo petición del Estado. Ningún particular toma medidas en torno a la seguridad nacional más que por intervención del Estado.

Es decir, en este proyecto, el Estado se arroga la capacidad de ordenar a los proveedores de internet bloquear el tráfico en internet en casos de amenaza a la seguridad nacional. Esto, lejos de tranquilizar, preocupa, dados los antecedentes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el uso del argumento de la seguridad nacional, como el manejo de información en torno al Aeropuerto de Santa Lucía.

De la información que el propio IFT ofrece—en un estudio que citamos más abajo—se  desprende que ningún país que defiende la neutralidad de la red se arroga el derecho de controlar el tráfico en la misma por motivos de seguridad nacional, lo que a mi juicio es un enorme foco rojo e indica la intención del actual gobierno de fortalecer su poder y control sobre una red que se le escapa de las manos y que es pródiga en críticas y descalificaciones a su actuar.

Salvemos Internet señala de que se trata meramente de una grave amenaza a la libertad de expresión—sin duda lo es—pero va mucho más allá: es un paso más hacia la derrota de nuestra democracia y debe leerse así, juntamente con los ataques al Instituto Nacional Electoral y a la subsistencia de los partidos políticos

La protección a la neutralidad de la red

Como dije arriba, la neutralidad de la red sí está protegida por ley desde 2014. Asimismo, la eventualidad de la restricción de acceso a los servicios (la gestión de tráfico), está contemplada también.

Es decir, no es una novedad, como lo da a entender Salvemos Internet. Esto está asentado en la ley desde hace cinco años. Cito un fragmento de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:

“..en la presente iniciativa se considera que los concesionarios no deben limitar, degradar, restringir o discriminar el acceso a cualquier servicio, sea provisto en su red o en otras, ni limitar el derecho de los usuarios del servicio de Internet a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos que se conecten a su red, salvo que medie orden de autoridad competente por laexistencia de algún ilícito o infracción administrativa o el propio usuario solicite la restricción. [3]

Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad que los concesionarios tendrán para gestionar el tráfico en sus redes y atender condiciones y requerimientos específicos de mercado, en tanto se preserven los derechos y las condiciones ofrecidas a los usuarios, así como las condiciones de competencia efectiva. Los mecanismos y reglas de gestión de tráfico deberán ser determinados por el Instituto”.[4]

Repito:  la neutralidad de la red está protegida por ley (otra cosa es la efectiva aplicación de la ley, por supuesto) y además, desde 2014 se acepta la legalidad de la gestión de tráfico, como medida técnica.

En el documento citado, de 147 cuartillas, el IFT hace una extensa revisión del estado de la regulación en otro países. Analiza las medidas para proteger la neutralidad de la red, enumera las políticas de gestión de tráfico y los marcos legales de diferentes naciones.

De aquí se desprende que todos los países permiten la gestión de tráfico, puesto que es una medida necesaria para facilitar la navegación en momentos de saturación. De no hacerlo, se corren riesgos de afectación.

Por supuesto, la gestión de tráfico debe llevarse adelante siempre bajo criterios técnicos, no comerciales ni políticos y es aquí donde se hacen necesarias las regulaciones.

Bajo el título “Censura”, Salvemos Internet cita este párrafo del anteproyecto y dice que “estas disposiciones amenazan gravemente la libertad de expresión. Ni la Ley de Seguridad Nacional, ni ninguna otra autoriza a una autoridad para ordenar la censura de aplicaciones, contenidos o servicios en Internet. Por el contrario, estas disposiciones serían contrarias al artículo 6o y 7o de la Constitución y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, el IFT debe eliminar las fracciones II y III del artículo 5 del anteproyecto de lineamientos”.

Desde mi punto de vista, es raro que la coalición se pronuncie por eliminar la fracción II del artículo, que habla de la “congestión excepcional o temporal de la red, sujeto a que no exista discriminación entre tipos de tráfico similares”. La fracción III es la referente a la seguridad nacional. No se pronuncia por la eliminación de la fracción IV, que dice que se puede aplicar la gestión de tráfico “a petición expresa de la autoridad competente”, a pesar de que antes se muestra en contra. 

Asimismo, la coalición se pronuncia en contra de la priorización pagada.

“La priorización pagada de tráfico a través de figuras como los “servicios diferenciados” elevaría para los usuarios los costos de acceso a aplicaciones, contenidos y servicios no priorizados, lo cual atentar contra la libertad de elección de los usuarios y representaría mayores costos totales por el acceso a una menor cantidad de aplicaciones, contenidos y servicios en Internet”.

Lo que no dice la coalición es que la priorización pagada ya existe, la vivimos todos los días y hasta ahora, no se habían quejado de ella. La vemos en las promociones de las compañías telefónicas que, por nuestra recarga de tiempo aire, nos ofrecen X cantidad de megas para navegar en internet o redes sociales gratis. No es algo que ocurrirá, sino algo que ocurre y que no había sido regulado, ni sobre lo que nadie se haya pronunciado en contra.

También comete una grave distorsión: burlarse de que dicho Anteproyecto esté sometido a consulta. Porque no es la clase de consulta burda como la del Aeropuerto de Texcoco. Se trata de una consulta técnica[5], que da espacio a un análisis informado y que llama a los participantes a opinar sobre todos los elementos del Anteproyecto, brindando un sólido respaldo técnico para poder opinar de manera informada.

Salvemos Internet omite hablar de esto y lo que hace es suplir dicha consulta técnica por medio de un manifiesto sesgado, incompleto y distorsionado. Si la intención es buena, los modos no lo son.

A nadie ayuda la desinformación y en este caso, me parece muy grave.

La libertad no es absoluta

Ahora, es indispensable señalar que por más que queramos creer en un internet 100% libre, existen limitantes técnicas, producto del crecimiento acelerado de la cantidad de usuarios que no va al parejo de la infraestructura disponible. Ello obliga a ralentizar la velocidad en algunos casos, frenar la circulación de algunos contenidos y priorizar otros,

Todas estas medidas de gestión de tráfico se aplican de manera cotidiana sin que nosotros lo sepamos. Ocurre cuando, al ver una serie en Netflix, de pronto ya no vemos la imagen en alta definición, sino en calidad media o baja. Esto es la “degradación” de un contenido. Al bajar la definición, el tráfico de datos en la red disminuye, bajando así la congestión. O bien, cuando el streaming se detiene y la página se congela un rato. Como todos lo hemos experimentado, es un problema temporal.

Refiero todo esto para evitar que tengamos un recelo producto de la desinformación y que olvidemos poner el acento donde hay verdadero riesgo: en el control por motivos políticos.

Salvemos Internet destaca básicamente que el peligro se encuentra en que los proveedores de internet se quieren convertir en “cadeneros” que eligen quien entra y quién no. Que se convertirán en censores de ciertos contenidos para favorecer sus intereses comerciales.

Sin considerar que ninguno de los grandes corporativos que surten de internet sea una blanca paloma, opino que no será así. Y ello, por la sencilla razón de que no es negocio. Bloquear ciertos contenidos hace perder dinero. Lo que más conviene a todos son las alianzas comerciales, las cuales se han ido tejiendo con los años, permitiendo así, por ejemplo, que veamos Amazon Prime con nuestra conexión Total Play, desde nuestro navegador Chrome, por más que entre estas empresas exista competencia.

A las empresas no les conviene que solo quienes tienen cuenta en Google puedan ver YouTube. O que solo puedas entrar a Netflix desde Axtel, por poner un ejemplo. Por supuesto que cada empresa prefiere que sólo consumas sus aplicaciones y contenidos, además de acceder a internet por medio de su servicio. Pero si no lo haces no te castiga, no por buenas personas, sino porque se pierde dinero.

Pero con el gobierno es otra cosa.

AMLO, internet y la democracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador vive una imparable caída de imagen y credibilidad. Su autoelegida exposición ante los medios cada mañana ha tenido como efecto exhibir su deterioro físico, mental, intelectual y moral. Nos gobierna un autómata egocéntrico.

Cada mañana podemos verlo, indiferente y sardónico, responder tonterías sin sentido a preguntas acuciantes sobre el acontecer nacional.

Su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, desde su limitadísima perspectiva como ex comunicador, cree que todo se reduce a un tema de percepción y que la realidad se combate con tuits.

Así, alimenta las redes sociales con hashtags tan estúpidos como ridículos, pretendiendo así contrarrestar el alud de información sólida que demuestra que el gobierno actual es justamente lo que muchos dijimos desde el primer día que era: una inepta tiranía.

Su política de comunicación en redes sociales, basada en el impulso artificial de tendencias y miles de cuentas falsas ya no le alcanza.

Por eso, va por más: el control de Internet.

Los proveedores no son el peligro. Hay que decirlo. Los instrumentos legales están bien para regularlos y lo que no haga la ley, lo hará el mercado y los propios usuarios finales.

Pero a AMLO no lo regula nadie. Es un tirano.

Ya lo hemos visto jugar con la idea de que se gestan en su contra “golpes de Estado”, y ¿qué más riesgo para la seguridad nacional que una amenaza golpista?

Las señales están ante nosotros.

No las ignoremos como muchos hicieron cuando advertimos, en 2018, de lo que ocurriría.


[1] Análisis de impacto regulatorio. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Diciembre de 2019.

[2] Estudio: Neutralidad de Red. Instituto Federal de Telecomunicaciones, Unidad de Política Regulatoria. Diciembre de 2019.

[3] Veamos la diferencia entre lo que dice la ley y lo que dice el anteproyecto de lineamientos. Este último agrega los “motivos de seguridad nacional”.

[4] “Iniciativa de Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”, disponible en http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/ProcesosLegislativos.aspx?IdLey=101766&IdRef=1 .

[5] Instituto Federal de Telecomunicaciones. Análisis de Impacto Regulatorio. Anteproyecto de Lineamientos para la gestión de tráfico y administración de red a que deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet. Disponible en:

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/industria/temasrelevantes/13791/documentos/2documentoenconsultapublicaanalisisdeimpactoregulatoriodelanteproyecto.pdf

Orquídea Fong

Periodista y comunicóloga egresada de la UNAM.

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